En agosto de 2019 un consorcio liderado por la empresa vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y la empresa israelí de infraestructura Shapir fue seleccionado por el Ministerio de Finanzas de Israel para llevar a cabo la ampliación de la red ferroviaria que da servicio a los asentamientos coloniales ilegales de Israel en el territorio palestino ocupado, conocida como el Tren Ligero de Jerusalén (TLJ).
CAF opera y amplía la “Línea Roja” del TLJ y está construyendo una nueva “Línea Verde”, además de proporcionar material rodante y servicios técnicos. Ambas líneas conectan los asentamientos ilegales israelíes en el territorio palestino ocupado con Jerusalén Occidental.
Como tal, el TLJ está colaborando con la anexión ilegal de jure de la Jerusalén Oriental palestina por parte de Israel y facilitando la expansión de los asentamientos ilegales israelíes. Los asentamientos, que implican el traslado de civiles israelíes al territorio ocupado y el desplazamiento forzoso de las personas palestinas indígenas de la ciudad ocupada, constituyen un crimen de guerra según el derecho internacional.
¿POR QUÉ EL BDS ESTABLECIÓ A CAF COMO OBJETIVO?
Israel solo puede mantener su régimen de colonialismo de asentamientos y apartheid sobre el pueblo palestino con el apoyo de gobiernos, empresas e instituciones cómplices. Es necesario que estos rindan cuentas por su papel en el afianzamiento de un régimen criminal de injusticia y opresión que se remonta a décadas atrás. Poner fin a toda esta complicidad con el régimen genocida de Israel es más urgente que nunca.
Ejercer presión sobre empresas como CAF desempeña un papel clave en este sentido. CAF es una empresa del Estado español que cotiza en la bolsa y se especializa en el diseño e implementación de sistemas de transporte, así como en la fabricación de vehículos ferroviarios, equipos y autobuses. CAF ofrece servicios de gestión de proyectos e ingeniería que incluyen el diseño de sistemas, la ingeniería civil, la señalización, la electrificación y otros sistemas electromecánicos, el suministro de material rodante y la operación y mantenimiento de los sistemas. El grupo CAF opera en más de 60 países de todo el mundo y cuenta con instalaciones de producción en el Estado español, Francia, Reino Unido, Polonia, Estados Unidos, México y Brasil, así como con numerosos centros de mantenimiento repartidos en los cinco continentes. A través del movimiento BDS es posible ejercer presión sobre CAF en todas estas ubicaciones.
En consorcio con la empresa israelí Shapir, CAF ha desempeñado un papel central en el desarrollo y la explotación del Tren Ligero de Jerusalén (TLJ) al prestar servicios clave sin los cuales el proyecto no habría alcanzado su fase actual.
En virtud del contrato de concesión de J-Net adjudicado en el 2019, CAF está a cargo de la explotación y ampliación de la “Línea Roja” del TLJ y está construyendo la nueva “Línea Verde”, proporcionando vehículos y servicios técnicos que incluyen aproximadamente 27 km de vía nueva y docenas de paradas, además de suministrar 114 nuevas unidades de tranvía y reacondicionar 46 ya existentes. El contrato también abarca el suministro de sistemas de señalización, energía y comunicaciones, así como la integración de todo el proyecto.
A través de su empresa conjunta, LAVI Light Rail O&M, en la que CAF tiene una participación del 50%, la empresa se encarga además de operar ambas líneas por 15 años (prorrogables hasta 25) y de su mantenimiento durante un máximo de 25 años. Ambas líneas conectan los asentamientos ilegales israelíes en el territorio palestino ocupado con Jerusalén Occidental.
La red del Tren Ligero de Jerusalén (TLJ) es un proyecto israelí de infraestructura de transporte a gran escala que conecta grandes bloques de asentamientos ilegales situados en el interior y los alrededores de la Jerusalén Oriental ocupada con el centro de la ciudad y su zona occidental. Este proyecto depende de la expropiación de tierras palestinas y de una mayor fragmentación territorial de los barrios palestinos de la ciudad.
Al dar servicio y conectar estos asentamientos ilegales, al tiempo que agrava el desplazamiento y la fragmentación de la población palestina, CAF refuerza el régimen de apartheid y ocupación ilegal de Israel. A través del Tren Ligero de Jerusalén, Israel consolida un sistema en el que las personas que viven en Jerusalén disfrutan de derechos y acceso fundamentalmente diferentes por motivos discriminatorios, lo que impulsa aún más la agenda de apartheid colonialista de Israel.
El apartheid es un sistema de dominación racial institucionalizada que se mantiene mediante la opresión y la discriminación sistemáticas. Los asentamientos coloniales —a los que contribuye el Tren Ligero de Jerusalén— se encuentran entre las manifestaciones más extremas del apartheid.
Aunque el marco del apartheid no puede reducirse a la ubicación discriminatoria de las paradas —y añadir más estaciones en zonas palestinas no remediaría la discriminación estructural subyacente—, la distribución de las estaciones sigue siendo indicativa de las prioridades del proyecto. Aproximadamente el 83% de la Línea Roja da servicio a asentamientos israelíes ilegales (de 33 paradas, solo 6 dan servicio a barrios palestinos). Una vez finalizada, el 94% de la Línea Verde dará servicio a asentamientos ilegales (de las 33 estaciones previstas, solo 2 dan servicio a barrios palestinos). Además, las paradas situadas en barrios palestinos o cerca de ellos no se planificaron con el objetivo de satisfacer las necesidades de movilidad de la población palestina, sino que se ubicaron allí porque estas zonas son adyacentes a los asentamientos ilegales o se encuentran a lo largo de las rutas que conducen a ellos.
Llevado a cabo mediante asociaciones público-privadas, el proyecto del TLJ depende de la participación de empresas israelíes y multinacionales para su ejecución, lo que reporta enormes beneficios a las empresas implicadas.
En octubre del 2020 CAF firmó un acuerdo de compensación con la Autoridad de Cooperación Industrial del Ministerio de Economía de Israel para la adquisición mutua de productos por un valor de aproximadamente 191,6 millones de dólares estadounidenses a 35 empresas israelíes, entre las que se incluyen empresas de alta tecnología y ciberseguridad.
El acuerdo incluye la adquisición de productos de la industria israelí, la contratación de servicios de proveedores israelíes y actividades conjuntas de investigación y desarrollo (I+D) con empresas tecnológicas israelíes, todas ellas cómplices de los crímenes atroces de Israel contra el pueblo palestino.
Según la legislación israelí, las empresas extranjeras que ganan licitaciones nacionales admisibles de entidades gubernamentales están, por lo general, obligadas a realizar compras o reinversiones en Israel por un monto equivalente a un porcentaje específico del valor total del contrato.
En 2023 hay más de 736.000 colonos israelíes viviendo ilegalmente en territorio palestino ocupado. Desde octubre del 2023 las fuerzas de ocupación israelíes y los colonos violentos han intensificado las prácticas de limpieza étnica y apartheid en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, mientras Israel lleva a cabo en Gaza el primer genocidio del mundo que es retransmitido en directo. En su informe de octubre de 2024, la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 considera que “la devastación infligida a Gaza se está extendiendo ahora a Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental”.
El 19 de julio del 2024 la Corte Internacional de Justicia declaró a Israel culpable de apartheid contra el pueblo palestino y dictaminó que su ocupación militar y la anexión de territorio palestino son ilegales. Esto significa que todos los Estados, gobiernos locales, empresas e instituciones tienen la obligación legal de poner fin de inmediato a toda forma de complicidad que, directa o indirectamente, permita a Israel mantener su ocupación militar ilegal. También deben poner fin a la complicidad en el brutal genocidio de Israel en Gaza y a la causa fundamental de todo ello: el régimen de colonialismo de asentamientos y apartheid que Israel lleva ejerciendo durante décadas.
En su declaración de septiembre del 2024, especialistas en derechos humanos de la ONU hicieron un llamado a los terceros Estados para que “impongan sanciones, incluida la congelación de activos, a las personas y entidades israelíes —que incluye empresas, corporaciones e instituciones financieras— implicadas en la ocupación ilegal y el régimen de apartheid, así como a cualquier entidad o persona, extranjera o nacional, sujeta a su jurisdicción que suministre bienes y servicios que puedan ayudar, asistir o facilitar la ocupación y el apartheid”.
Los recientes avances en el derecho internacional en relación con los crímenes atroces cometidos por Israel contra el pueblo palestino han dejado claro que las empresas implicadas en la comisión de crímenes internacionales vinculados al genocidio, la ocupación ilegal, la segregación racial y el régimen de apartheid de Israel —tanto dentro como fuera de los territorios palestinos ocupados en 1967— son todas cómplices y deben ser responsabilizadas. La complicidad directa incluye el apoyo militar, logístico, de inteligencia, financiero y de infraestructura. Las empresas, así como sus consejos administrativos y ejecutivos, pueden enfrentarse a sanciones penales por esta complicidad.
Entre los acontecimientos recientes se incluyen:
- En enero del 2024 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que era plausible que Israel estuviera cometiendo genocidio contra 2,3 millones de personas palestinas en Gaza y ordenó medidas provisionales para proteger los derechos del pueblo palestino en virtud de la Convención sobre el Genocidio. En noviembre del 2024 un Comité Especial de la ONU determinó que los métodos de guerra de Israel en Gaza eran compatibles con el genocidio, incluido el uso del hambre como arma de guerra.
- En julio del 2024 la CIJ dictaminó en una Opinión Consultiva que la presencia de Israel (su ocupación militar y sus asentamientos) en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, es ilegal y viola la prohibición del apartheid establecida en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés).
- En septiembre del 2024 la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución por abrumadora mayoría en la que se adoptaba la Opinión Consultiva de la CIJ y se instaba a los Estados a imponer un embargo militar y sanciones comerciales a Israel.
- En noviembre del 2024, haciendo referencia a los fallos de la CIJ y a la resolución de la AGNU, la Cumbre Árabe-Islámica pidió sanciones contra Israel, mientras que la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHRP, por sus siglas en inglés) aprobó ese mismo año una resolución, la primera sobre Palestina en 24 años, en la que instaba a los Estados miembros a poner fin a su complicidad con Israel, a asumir su responsabilidad de prevenir el genocidio y a abstenerse de ayudar o incitar a cometer crímenes contra la humanidad, incluido el apartheid.
- Otros organismos de autoridad, entre ellos la Comisión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las personas especialistas en derechos humanos de las Naciones Unidas y la relatora especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, han afirmado la obligación de los Estados y las empresas de cumplir con su responsabilidad en virtud del derecho internacional, tal y como establecen las sentencias de la CIJ.
ACTUEMOS
CAF depende de su imagen y de sus contratos con organismos o instituciones públicas (como las universidades), así como con empresas privadas. Una campaña eficaz desde la base puede presionar a CAF para que ponga fin a su complicidad en las violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino. Entre las acciones que podemos desarrollar, se encuentran:
- Exigir a CAF que se retire de su participación en el proyecto ilegal Tren Ligero de Jerusalén de Israel para evitar la complicidad en violaciones de los derechos humanos y un daño significativo a su reputación y a sus negocios internacionales.
- Hacer que nuestras organizaciones o sindicatos se sumen a la campaña internacional contra CAF. Para esto es posible enviar un correo electrónico a: [email protected].
- Presionar para que nuestros ayuntamientos adopten una política de contratación pública ética o para que nuestro lugar de trabajo (empresas/universidades) adopte una política de inversión ética que excluya a las empresas implicadas en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, independientemente de dónde se produzcan, ya sea en licitaciones o en colaboraciones, mientras CAF siga participando en la construcción y ampliación del TLJ en territorio palestino ocupado.
En caso de desear más información se puede contactar a Fiona, coordinadora de BNC Europa, al correo [email protected].
TOMEMOS INSPIRACIÓN DE NUESTROS SOCIOS Y LAS ACCIONES LOCALES
En diferentes regiones nuestros socios han empleado tácticas tanto probadas como innovadoras para amplificar el impacto de la campaña #BoycottAXA. A continuación compartimos algunas ideas y acciones que pueden resultar inspiradoras y ser replicadas a nivel local:
Movilizarse dentro de la universidad o institución para cuestionar los contratos con CAF
CAF tiene acuerdos de colaboración con determinadas universidades debido a su reputación en el diseño y la construcción de sistemas de transporte, así como en la fabricación de vehículos ferroviarios, equipos y autobuses. Así, un ejemplo es el de las personas estudiantes y docentes del campus de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), cuya presión hizo que el vicerrector declarara que no firmará ningún nuevo acuerdo con CAF mientras esta siga participando en el proyecto del Tren Ligero de Jerusalén que da servicio a los asentamientos ilegales de Israel en Jerusalén.
Organizar una campaña de cartas/correos electrónicos:
Varios grupos de base de todo el mundo han puesto en marcha una campaña en línea de correos electrónicos para ponerse en contacto con los altos cargos de CAF o con sus ayuntamientos para recordarles sus obligaciones legales de no suministrar ni contratar servicios que puedan ayudar, asistir o facilitar la ocupación y el apartheid, tal y como dictaminó la CIJ en julio del 2024.
