INTRODUCCIÓN
El Comité Nacional Palestino de BDS (BNC, por sus siglas en inglés), la mayor coalición de la sociedad palestina que lidera el movimiento mundial de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), saluda a las personas activistas, organizaciones e instituciones de todo el mundo que han expresado su solidaridad con nuestra urgente lucha para poner fin al genocidio israelí contra 2,3 millones de personas palestinas en Gaza transmitido en directo. Para ayudar a desmantelar el régimen subyacente de apartheid colonial que Israel lleva décadas aplicando, debemos intensificar las campañas de BDS y aumentar el poder popular para desafiar todas las formas de complicidad con el sistema de opresión de Israel, incluida la complicidad corporativa.
Según los Criterios de complicidad corporativa del movimiento BDS, todas las empresas que están implicadas en la comisión de crímenes internacionales relacionados con la ocupación ilegal de Israel, la segregación racial y el régimen de apartheid (contra el pueblo indígena palestino) o el genocidio son cómplices y deben rendir cuentas. La complicidad directa incluye el apoyo militar, de seguridad, tecnológico, financiero, logístico o de infraestructura.
Los inversores no deben beneficiarse con conocimiento de causa, proporcionar capital o invertir en empresas implicadas en violaciones tan graves de los derechos humanos como las definidas en el derecho internacional (incluidos los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio). Si no consiguen que estas empresas pongan fin a dicha complicidad, los inversores institucionales tienen la obligación legal, y no solo moral, de desinvertir y excluir de los contratos a las empresas que, de forma consciente y persistente, permiten tales violaciones.
II. LA “D” DE BDS
La desinversión, o la “D” de BDS, es en realidad una abreviatura de presión institucional contra las empresas cómplices que están implicadas consciente y persistentemente en los crímenes y graves violaciones de los derechos humanos cometidos por Israel, en particular el genocidio, el apartheid y la ocupación. La presión institucional se define aquí como el uso de la influencia de una institución para presionar a las empresas en las que invierte o con las que hace negocios para que rompan sus vínculos con tales violaciones.
Para lograr que las instituciones ejerzan esta presión institucional sobre las empresas cómplices, los movimientos de solidaridad de base y los grupos de la sociedad civil deben presionar a los fondos de pensiones y de inversión y a otras instituciones (como ayuntamientos, universidades, sindicatos, etc.) para que, a su vez, reduzcan o pongan fin a los contratos, inversiones u otros vínculos financieros con dichas empresas cómplices. La presión institucional incluye principalmente, y siempre que sea posible, las siguientes formas:
- Exclusión de contratos de abastecimiento/adquisición (siempre que existan alternativas viables)
- Desinversión (para fondos/instituciones que invierten en los mercados bursátiles mundiales)
- Activismo accionarial
- Litigios estratégicos
Esto es diferente a la “B” de BDS, que incluye entre sus tácticas boicots académicos, culturales y deportivos, así como boicots de las personas consumidoras, interrupciones pacíficas, protestas, retirada de productos de las estanterías, etc., contra objetivos corporativos prioritarios
III. JUSTIFICACIÓN
Israel se estableció como una colonia sobre las ruinas de la sociedad palestina durante la Nakba de 1948, una limpieza étnica. Las milicias sionistas, y más tarde el ejército israelí, desplazaron por la fuerza a la mayoría de los pueblos indígenas de Palestina con un método planificado y sistemático, destruyeron cientos de nuestras aldeas y ciudades y negaron a las personas refugiadas su derecho inherente, estipulado por la ONU, a regresar y recibir reparaciones. En 1967 Israel ocupó las partes restantes de la Palestina histórica, la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén del Este, hizo una limpieza étnica del pueblo palestino y construyó colonias ilegales. Desde 1948 Israel ha mantenido un régimen de colonialismo y el crimen de lesa humanidad del apartheid contra el pueblo palestino.
En enero de 2024 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) afirmó la plausibilidad de que Israel esté violando la Convención sobre el Genocidio en Gaza. El 21 de noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional (CPI) emitió finalmente las esperadas órdenes de arresto contra el actual primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro del gabinete de guerra, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad perpetrados en Gaza.
El 20 de septiembre de 2024 la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén del Este, e Israel emitió una interpretación autorizada de las obligaciones legales pertinentes de los Estados. Dijo: "Los Estados tienen el deber de llevar a cabo una revisión de diligencia debida de todos los acuerdos de transferencia y comercio con Israel, incluyendo, pero no limitándose a, equipos, armas, municiones, piezas, componentes, artículos y tecnología de doble uso, para determinar si los bienes o la tecnología objeto de la transferencia o el comercio contribuyen a mantener la ocupación ilegal o se utilizan para cometer violaciones del derecho internacional".
En julio de 2024 la CIJ dictaminó que la total ocupación israelí de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén del Este, es ilegal y que Israel está violando la prohibición del apartheid. En palabras de Craig Mokhiber, ex-alto funcionario de derechos humanos de la ONU, este fallo convierte al BDS "no solo en un imperativo moral y un derecho constitucional y humano, sino también en una obligación legal internacional".
Las empresas, así como los inversores, también están sujetos a obligaciones éticas, legales e incluso fiduciarias/financieras.
Sobre la base de todo lo anterior, todos los inversores tienen la obligación ética de desinvertir en Israel, un Estado apartheid que subyuga a millones de indígenas bajo un despiadado régimen de ocupación militar, así como de ejercer presión institucional sobre las empresas que permiten su régimen de opresión. Esta obligación se ve acentuada por la perpetración de genocidio por parte de Israel.
Como movimiento interseccional que conecta la liberación palestina con las luchas por la justicia racial, indígena, social, de género y climática, el movimiento BDS prioriza la presión institucional contra las empresas que están involucradas en el militarismo y oprimen a otras comunidades, así como al pueblo palestino. Cuando procede, pedimos que se adopte una política de inversión ética o un filtro de inversión universal basado en los derechos humanos, como propone el American Friends Service Committee (AFSC), para evitar las inversiones en todas las empresas cómplices de graves violaciones de los derechos humanos en cualquier lugar.
Todas las personas jurídicas, así como las personas naturales, incluidos los inversores, tienen la responsabilidad legal de no participar en la comisión de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio.
Las empresas, con sus consejos administrativos y ejecutivos, pueden incurrir en responsabilidad penal por complicidad en crímenes internacionales, en particular crímenes atroces (crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio).
Los inversores también están obligados a respetar los derechos humanos. Están obligados a prevenir y mitigar los impactos corporativos directos sobre los derechos humanos, tal y como se establece en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y otros mecanismos de derecho internacional relevantes (y en evolución).
Hacer negocios con Israel e invertir en él no solo es poco ético e ilegal, también resulta financieramente irresponsable. Desde enero de 2023, mucho antes del genocidio en Gaza, la economía de Israel ha estado en constante estado de declive, en algunos momentos de forma drástica, a causa del control efectivo de los partidos de extrema derecha y abiertamente fascistas sobre el gobierno, lo que ha destrozado la gastada máscara de "democracia" y "estado de derecho" de Israel. Con el genocidio la economía de Israel empezó a mostrar signos de un inminente "colapso total". Israel se está convirtiendo rápidamente en lo que el movimiento BDS llama una #NaciónEnDeclive (#ShutDownNation), con una dramática fuga de capitales y cerebros, una disminución de las inversiones extranjeras directas en alta tecnología y una economía en general insegura, inestable y "en colapso". Esto debería ayudarnos a movilizar a la mayoría de los inversores y accionistas para que se opongan a cualquier inversión en Israel o en empresas que permitan su régimen de opresión colonial.
