Palestina ocupada, 19 de julio del 2024 – Tras haber confirmado en enero la verosimilitud del genocidio perpetrado por Israel contra 2,3 millones de personas palestinas en Gaza, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acaba de declarar a Israel culpable de apartheid y ha calificado de ilegal su ocupación militar. La CIJ ha ordenado a Israel que ponga fin de forma definitiva a su ocupación militar de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este.
La sentencia dictada hoy por la CIJ confirma sin lugar a dudas la obligación legal de todos los Estados de poner fin a su complicidad en la ocupación ilegal de Israel y en las graves violaciones de los derechos humanos, así como de actuar para garantizar el respeto al Derecho internacional. Esto exige la imposición inmediata de sanciones selectivas contra Israel, empezando por un embargo militar total.
Los Estados ya no tienen excusa para ignorar su obligación legal de garantizar que las empresas, los bancos, los fondos de inversión y las instituciones (incluidas las universidades) domiciliadas bajo su jurisdicción pongan fin a toda complicidad con el apartheid y la ocupación ilegal de Israel.
La sentencia del máximo tribunal mundial confirma lo que le fue planteado por la mayoría de los Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), a saber, que la ocupación militar de Israel constituye un sistema de discriminación racial, equivale a una anexión y a una agresión contra el pueblo palestino, y le niega su derecho inalienable a la autodeterminación.
Saleh Hijazi, coordinador de políticas contra el apartheid del movimiento BDS, declaró:
“La histórica sentencia de la CIJ, que declara que Israel es culpable de apartheid y anexión, que su ocupación es ilegal y que debe desmantelar sus asentamientos coloniales, proporcionar reparaciones y permitir que las personas refugiadas regresen a su lugar de residencia original, es un paso crucial para poner fin a su régimen de 76 años de colonialismo de asentamientos, apartheid y, ahora, genocidio.
Todavía tenemos que seguir ejerciendo nuestra acción colectiva, nuestro poder popular, para obligar a los Estados a poner fin a su complicidad con el régimen genocida del apartheid israelí e imponerle sanciones específicas y significativas. Debemos intensificar nuestra lucha en todas partes para presionar a favor de la suspensión de Israel de todos los foros internacionales —como las Naciones Unidas, la FIFA y los Juegos Olímpicos—, tal y como se hizo contra el apartheid sudafricano. También debemos intensificar la presión sobre todas las empresas e instituciones cómplices para que pongan fin a su propia complicidad.
Dado el genocidio en curso, retransmitido en directo y respaldado por occidente, que Israel está perpetrando contra 2,3 millones de personas palestinas en Gaza, los pueblos indígenas de Palestina creen más que nunca que, para ejercer nuestro derecho inalienable a la autodeterminación, permitir el retorno de las personas refugiadas y lograr la justicia, es necesario desmantelar todo el régimen de opresión colonial de Israel. Poner fin a la complicidad estatal, corporativa e institucional en este régimen es la forma más eficaz y significativa de solidaridad internacional con la lucha de liberación palestina”.
Maren Mantovani, representante de relaciones internacionales de Stop the Wall en el Comité Nacional Palestino del BDS (BNC, por sus siglas en inglés) y quien lidera el movimiento BDS a nivel mundial, añadió:
“Esta es la segunda sentencia condenatoria de la Corte Internacional de Justicia contra Israel este año, tras haber confirmado en enero la posibilidad de que se esté cometiendo un genocidio y haber activado la obligación legal de los Estados de prevenir el genocidio. Es la tercera sentencia contra Israel en total, ya que la CIJ ya había confirmado en 2004 la ilegalidad del muro y la política de asentamientos de Israel en el territorio palestino ocupado y, por primera vez, estableció las obligaciones vinculantes de los terceros Estados y de la ONU para poner fin a las violaciones del derecho internacional por parte de Israel.
Si los Estados no quieren relegar a la CIJ al olvido o convertirla en un instrumento más del occidente colonial para gobernar, saquear y subyugar a los pueblos del Sur Global, entonces es fundamental que la mayoría mundial garantice que las sentencias de la CIJ se respeten y se apliquen de manera coherente y exhaustiva”.
El movimiento BDS hace un llamado para que los movimientos de base y la sociedad civil ejerzan la máxima presión sobre todos los Estados, las Naciones Unidas y los organismos regionales con el fin de:
- Imponer de inmediato un embargo militar total a Israel que incluya la exportación, importación y transferencia de armas, equipo militar y productos de doble uso, así como el cese de todas las demás formas de cooperación militar (formación, investigación conjunta, inversiones, etc.).
- Imponer sanciones legales selectivas contra Israel, incluidas sanciones diplomáticas, económicas y financieras.
- Poner fin de inmediato a todas las demás formas de complicidad con la ocupación militar ilegal de Israel, su genocidio cada vez más brutal en Gaza y la causa fundamental de todo ello: el régimen de colonialismo de asentamientos y apartheid de Israel, que ya cumple 76 años.
- Reactivar el Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid para ayudar a erradicar el régimen de apartheid de Israel y exigir responsabilidades a los culpables.
- Suspender a Israel de las Naciones Unidas y privarlo de sus privilegios y derechos de miembro, tal y como se hizo con la Sudáfrica del apartheid.
- Suspender a Israel de los Juegos Olímpicos, la FIFA y los foros y eventos internacionales y regionales.
Antecedentes
En total, 57 países presentaron alegatos escritos ante la Corte. A lo largo de seis días de audiencias, un número sin precedentes de 49 Estados realizaron una presentación oral sobre sus posiciones respecto a las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este. La mayoría de los alegatos argumentaban que la ocupación es ilegal y abordaban las consecuencias para Israel. Además, 25 alegatos incluían un análisis, o al menos una referencia, al apartheid y a la discriminación sistemática o las políticas discriminatorias.
Los siguientes países utilizaron el término “apartheid”, y algunos proporcionaron un análisis detallado de la aplicabilidad del marco del apartheid: Jordania, la Organización de Cooperación Islámica (OCI), la Unión Africana, Bangladés, Chile, Líbano, la Liga de los Estados Árabes, Sudáfrica, Kuwait, Gambia, Belice, Bolivia, Cuba, Catar, Palestina, Pakistán, Yemen, Indonesia, Namibia y China. Por su parte, Brasil, Francia y España hicieron referencia a la discriminación.