Los organismos de gobierno local, como los concejos municipales y regionales, desempeñan un papel importante en nuestro sistema político.
Desde la creación del movimiento BDS, decenas de autoridades locales de Irlanda, Noruega, España, Suecia, Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica y Australia han aprobado resoluciones que apoyan el movimiento BDS o que se comprometen a no hacer negocios con empresas específicas a las que se dirige este. Desde el comienzo del genocidio de Israel en Gaza en 2023, ha aumentado el número de gobiernos locales que han aprobado resoluciones para desinvertir en Israel o para, de alguna manera, poner fin a la complicidad. Estas decisiones son poderosos ejemplos de cómo poner en práctica la solidaridad.
Más información
Los gobiernos locales desempeñan un papel clave
Los organismos de gobierno local, como los concejos municipales y regionales, desempeñan un papel clave en nuestros sistemas políticos y a menudo mantienen relaciones con empresas e instituciones que contribuyen a que Israel oprima a la población palestina. Hacer campaña para que los gobiernos locales actúen y pongan fin a la complicidad es una forma crucial de construir una solidaridad significativa que refleje los valores de la comunidad.
Tras perder contratos y enfrentarse a la presión de los organismos gubernamentales locales, varias multinacionales como Veolia y G4S han puesto fin a su participación en los crímenes de Israel.
Tras perder contratos y enfrentarse a la presión de los organismos gubernamentales locales, varias multinacionales como Veolia y G4S han puesto fin a su participación en los crímenes de Israel.
Numerosos organismos gubernamentales locales mantienen relaciones de inversión y contratación con empresas que ayudan a Israel a violar los derechos del pueblo palestino, o tienen relaciones de hermanamiento (en ocasiones denominadas como “acuerdos entre ciudades hermanas”) con organismos gubernamentales locales israelíes que participan en violaciones de los derechos humanos. Las administraciones locales tienen la responsabilidad ética y la obligación legal de romper lazos con empresas e instituciones que participan en el establecimiento, la ayuda o la asistencia a las violaciones israelíes del derecho internacional, tal y como dictaminó la Corte Internacional de Justicia y afirmó la Asamblea General de la ONU.
Los Estados no solo no están haciendo responsable a Israel, sino que en algunos casos –como en el de Estados Unidos– participan activamente en el genocidio israelí contra el pueblo palestino. Esto significa que los gobiernos locales, que históricamente han sido una parte importante de la defensa de los derechos humanos y de la extensión de la solidaridad, tienen un papel crucial que desempeñar.
En 2015, la empresa francesa Veolia vendió sus activos en Israel, incluida su participación en el Tren Ligero de Jerusalén, un proyecto de tranvía construido para ayudar a Israel a conectar y ampliar sus asentamientos ilegales.
Veolia tomó esta decisión después de que gobiernos locales de países del mundo entero decidieron no otorgarle contratos por su papel en las violaciones israelíes del derecho internacional. Veolia perdió contratos por un valor de al menos 20.000 millones de dólares.
La salida de Veolia de Israel fue un momento crucial que demostró que nuestro movimiento es capaz de responsabilizar a las empresas que ayudan e instigan las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel.
Del mismo modo, G4S puso fin a sus operaciones en Israel después de que varios organismos gubernamentales locales la boicotearon, esto muestra que los gobiernos locales están desempeñando un papel decisivo en la presión del movimiento BDS.
Si desea que el gobierno local de su ciudad desinvierta o ponga fin a los contratos con empresas que se benefician de la violencia israelí –y sabe que hay varias empresas en la lista–, un primer paso podría ser movilizar el apoyo a una política que impida las inversiones y los contratos de adquisición con empresas que sean cómplices de violaciones de derechos humanos en cualquier lugar. Es importante construir una campaña interseccional en torno a esto y presionar para que se ponga fin a las inversiones/contratos que participen en violaciones de derechos humanos en general, no solo en Palestina. Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos pueden ser útiles en este sentido, en ellos se explica detalladamente que "las obligaciones de los Estados en virtud de las normas internacionales de derechos humanos exigen que respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos de las personas que se encuentren en su territorio y/o jurisdicción. Esto incluye el deber de proteger contra los abusos de los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas".
Como ejemplo general, puede consultarse el lenguaje de AFSC para políticas de inversión en derechos humanos, que incluye empresas de armamento, contratistas militares, empresas de combustibles fósiles y otras industrias que han estado evitando quienes realizan inversión socialmente responsable. Y lo que es más importante, también incluye un innovador filtro de derechos humanos: un filtro universal basado en la conducta que examina la participación de las empresas en la violencia de Estado y las violaciones de los derechos humanos.
Otros ejemplos:
