BDS warns states that fail to act are in violation of international law.

El movimiento BDS denuncia la complicidad global ante un buque que se cree transporta material militar para el genocidio de Israel en Gaza.

El BDS advierte que los Estados que no actúan están violando el derecho internacional.

El HC Opal navega por el Mediterráneo rumbo al puerto de Lárnaca, Chipre. Se trata de un buque que navega bajo bandera de Antigua y Barbuda, y que, según se informa, transporta suministros militares —incluidos explosivos, partes de cohetes y espoletas— destinados a ser utilizados por Israel en su actual genocidio contra 2,3 millones de palestinos y palestinas en la Franja de Gaza, ilegalmente ocupada.

El buque es propiedad de la empresa International Maritime Management (IMM), registrada en Ahrensburg, Alemania. La aseguradora noruega Gard proporciona la cobertura de seguros para el HC Opal. La empresa danesa Ocean 7 Project, encargada de la gestión del buque, es la misma que operó el viaje ilegal del MV Kathrin, que transportó explosivos a Israel durante el genocidio.

Entre julio y octubre de 2024, el movimiento BDS convirtió al MV Kathrin en un buque “pirata”, ejerciendo presión desde la sociedad civil sobre los Estados para impedirle atracar o, en caso de hacerlo, incautar su carga destinada a Israel. La campaña movilizó a organizaciones sociales, trabajadores portuarios y a miles de personas solidarias en África, Europa y el mundo árabe. Se le prohibió atracar en varios países, entre ellos Namibia y Malta, y en octubre se vio obligada a abandonar oficialmente la bandera portuguesa.

Con base en información recibida de una fuente confiable, el movimiento BDS informa que el HC Opal presuntamente transporta al menos 23 contenedores con material militar destinado al genocidio de Israel contra el pueblo palestino, en flagrante violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y de las órdenes de la Corte Internacional de Justicia.

“Todo este cargamento consiste en materia prima para fabricar proyectiles de artillería y bombas aire-superficie. Una sola bomba MK84 puede destruir un edificio residencial entero y asesinar a familias palestinas enteras. Muchas de estas bombas no explotan, y las fuerzas israelíes necesitan espoletas para aumentar la letalidad de sus armas”, explicó el Dr. Shir Hever, coordinador de la Campaña por el Embargo Militar del movimiento BDS.

“Israel agotó rápidamente sus reservas de municiones y, ante el creciente embargo militar, el gobierno ordenó a sus empresas de armas establecer líneas de producción nacionales para proyectiles y bombas. Para eso necesitan la materia prima que transporta el HC Opal”, agregó.

Se informa que estos contenedores incluyen:
 

  1. 1 contenedor – ONU 0072 / clase 1.1D
    ONU 0072, clase 1.1D: Ciclotrimetilentrinitramina humedecida o Ciclonita humedecida o Hexógeno humedecido o RDX humedecido con no menos del 15 % de agua en masa.

  2. 1 contenedor – ONU 0042 / clase 1.1D
    ONU 0042, clase 1.1D: Cargas de refuerzo, sin detonador.
  3. 2 contenedores – ONU 0107 / clase 1.2B
    ONU 0107, clase 1.2B: Espoletas, detonantes.
  4. 7 contenedores – ONU 0186 / clase 1.3C
    ONU 0186, clase 1.3C: Motores de cohete.
  5. Al menos 12 contenedores – ONU 0209 / clase 1.1D
    ONU 0209, clase 1.1D: Trinitrotolueno (TNT), seco o humedecido con menos del 30 % de agua en masa.

     

Según la información obtenida por el BDS, la carga del HC Opal fue embarcada en Chennai, India.

El movimiento BDS llama de manera urgente a todos los Estados implicados —en especial a Antigua y Barbuda, India, Alemania, Dinamarca, Noruega y Chipre— a actuar de inmediato: verificar la carga del HC Opal y detener cualquier transferencia ilegal de suministros militares destinados a la violencia genocida de Israel. Si los Estados no implementan estas medidas, deben ser considerados responsables de violar el derecho internacional.

La ley no deja dudas: las transferencias de material militar a Israel, mientras comete un genocidio plausible, perpetra un régimen de apartheid y continúa su ocupación ilegal, están prohibidas. Como han confirmado destacados juristas, los Estados de pabellón, los Estados costeros y todos aquellos que no actúen mientras empresas bajo su jurisdicción participan en estas transferencias ilegales deben rendir cuentas por su complicidad en estos crímenes.