Frente a la negligencia deliberada y la complicidad de los Estados en el genocidio de Israel contra 2,3 millones de palestinos y palestinas en Gaza, su ocupación ilegal y su régimen de apartheid colonial de asentamiento que ya lleva 77 años, activistas por los derechos humanos, organizaciones y también empresas están tomando la iniciativa para hacer valer el respeto y asegurar la rendición de cuentas conforme al derecho internacional. Desde personas que son propietarias de pequeños comercios que piden a sus huéspedes firmar un compromiso de no participación en crímenes de guerra hasta empresas de excursiones y turismo que declaran “los criminales de guerra no son bienvenidos”, estas acciones valientes defienden los pilares del sistema del derecho internacional, incluso cuando Israel, con el apoyo de Estados Unidos y Europa, lo está desmantelando.
Sin embargo, ha llegado el momento de que los Estados asuman su responsabilidad y garanticen que los criminales de guerra no sean admitidos en sus territorios y/o sean procesados por sus crímenes.
El Comité Nacional Palestino de BDS (BNC), como la mayor coalición de la sociedad civil palestina y dirección del movimiento global BDS, hace un llamado a sus organizaciones aliadas, compañeras, compañeros y personas solidarias de todo el mundo a presionar a sus gobiernos para que modifiquen las políticas de inmigración y visado en consonancia con las normas y obligaciones del derecho internacional. En concreto, exigimos las siguientes medidas:
- Terminar todos los acuerdos de exención de visado con Israel.
- Establecer controles en las fronteras migratorias para revisar a personas de nacionalidad israelí u otras nacionalidades por posible participación en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, incluidos los cometidos contra el pueblo palestino. Cualquier persona sobre la que existan sospechas fundadas de haber participado en tales crímenes atroces debe enfrentar medidas de rendición de cuentas, incluida la denegación de entrada y, cuando sea posible, acciones legales.
- Si personas sospechosas de participar en crímenes internacionales logran evadir los controles y se encuentran dentro del territorio del tercer Estado, las autoridades competentes deben investigarlas y, si corresponde, procesarlas con todo el peso de la ley.
Estas medidas están en línea con las obligaciones legales del derecho internacional, incluida la obligación de no cometer, no ser cómplice y prevenir, juzgar y castigar el genocidio, el apartheid y otros crímenes atroces. Este llamado se centra en la complicidad, no en la identidad, y recomienda los siguientes criterios para los controles:
- Cualquier persona, con o sin ciudadanía israelí, que haya servido en el ejército israelí (incluidas unidades logísticas y de inteligencia) desde el 7 de octubre de 2023.
- Cualquier persona sobre la que existan sospechas razonables de haber ayudado, asistido o conspirado en la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio en cualquier momento, ya sea durante el servicio militar o no.
- Cualquier persona sobre la que existan sospechas razonables de haber participado en incitación pública a cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio en cualquier momento, ya sea durante el servicio militar o no.
Asimismo, cualquier persona israelí que resida o trabaje en, y cualquier persona israelí o internacional que brinde apoyo material a, un asentamiento colonial israelí ilegal en el territorio palestino ocupado (TPO), incluida Jerusalén Oriental, o en los Altos del Golán sirios ocupados, participa conscientemente en un crimen de guerra y, por lo tanto, debe ser responsabilizada.
A través de este llamado, el movimiento BDS exige rendición de cuentas conforme a resoluciones clave de la Asamblea General de la ONU, órdenes provisionales y opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, investigaciones en curso de la Corte Penal Internacional, e informes y recomendaciones de expertos y expertas en derechos humanos de la ONU, así como de organizaciones palestinas e internacionales de derechos humanos respecto al genocidio en curso de Israel en Gaza y su régimen ilegal de ocupación militar y apartheid.
Varios Estados ya incluyen controles por crímenes de guerra como parte de sus políticas migratorias y de solicitud de visado. Recientemente, la Unión Europea modificó su mecanismo de suspensión del régimen de exención de visado de corta duración para incluir las violaciones de derechos humanos como causa de suspensión. Si bien estas medidas teóricamente priorizan el derecho internacional y los derechos humanos, su aplicación coherente y exhaustiva está aún por verse. Es imperativo que estos Estados abandonen la hipocresía que han mostrado hasta ahora al proteger al régimen genocida israelí de la rendición de cuentas. También es fundamental que estas políticas no se conviertan en herramientas para reforzar regímenes migratorios violentos, que ya apuntan contra personas pobres, refugiadas, migrantes y racializadas.
Últimamente, estos cambios de política han comenzado a dirigirse a posibles criminales de guerra israelíes. Colombia anunció la reversión de su política de exención de visado de corta duración para personas de ciudadanía israelí, aunque aún no ha sido implementada. Los controles migratorios ya han resultado en la denegación de entrada y, en otros casos, se han iniciado investigaciones contra sospechosos de crímenes de guerra y genocidio israelíes cuando se detectó su presencia.
Implementar controles para crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio antes de otorgar visas a personas israelíes sospechadas de ser criminales de guerra, genocidas o colonos ilegales es el primer paso hacia su rendición de cuentas. Además, estas medidas protegerían la seguridad y el bienestar de las poblaciones en todo el mundo frente a quienes están sospechados de cometer crímenes de guerra. Esto no se limita a unas pocas personas en posiciones de poder. Cientos de miles de hombres y mujeres israelíes han servido en el ejército durante este genocidio en curso, y la probabilidad de que hayan participado en crímenes atroces es extremadamente alta. Todas estas personas deben ser investigadas y, si corresponde, procesadas con todo el peso de la ley. Sin medidas concretas como estas, no hay forma de disuadir la comisión impune de estos crímenes.