INTRODUCCIÓN
La sociedad civil palestina ha pedido un embargo militar contra el apartheid israelí desde la fundación del movimiento BDS, y más explícitamente desde 2011. Poner fin a los lazos militares con Israel no es solo una obligación moral; un embargo militar integral contra un Estado culpable de ocupación militar ilegal, apartheid y "genocidio plausible" no es una cuestión de discreción, sino una obligación legal en virtud del derecho internacional. No imponerlo pone en peligro el multilateralismo y el imperio del derecho internacional en un momento crítico en el que la extrema derecha está en auge en Occidente y justo cuando la administración fanática de Estados Unidos llega al poder, lo cual exacerba el daño causado a la credibilidad del derecho internacional por la plena colaboración de la actual administración en el genocidio de Israel.
Estamos siendo testigos de un horror sin precedentes, un genocidio transmitido en directo contra 2,3 millones de personas palestinas en la Franja de Gaza ocupada. El régimen israelí perpetra atrocidades y ataques diarios contra el pueblo palestino también en la Cisjordania ocupada, mientras que en el Líbano ha matado a casi 3.800 personas en pocas semanas, hasta el alto el fuego del 26 de noviembre, y ha desplazado a 1,2 millones. Israel ha violado el alto el fuego en repetidas ocasiones.
Israel, incluidas sus fuerzas militares, su industria armamentística y sus instituciones de investigación, no podría cometer estos crímenes y atrocidades, mantener su ocupación ilegal y su régimen de apartheid contra todo el pueblo palestino sin las armas, municiones, tecnología, investigación académica conjunta y otros materiales militares y de doble uso producidos a nivel mundial. La urgencia de un embargo militar nunca ha sido mayor.
¿Qué es un embargo militar?
Según tratados internacionales, como el Tratado sobre el Comercio de Armas y otros textos jurídicos, un embargo militar efectivo consta de tres elementos. Los Estados tienen la obligación de no vender armas y artículos de doble uso a Israel, no comprar armas israelíes (con lo cual se financia la maquinaria de guerra de Israel) y no transportar armas a Israel a través de su territorio. También está prohibida la colaboración académica en la investigación de armas que directa o indirectamente permitan la ocupación ilegal israelí.
El embargo militar es una obligación moral porque las fuerzas israelíes están violando los derechos más básicos del pueblo palestino. También es una obligación legal, de acuerdo con numerosos acuerdos internacionales, entre los que destacan las dos sentencias de la Corte Internacional de Justicia: la del 26 de enero ordena a Israel cesar acciones que son actos plausibles de genocidio, y la del 19 de julio, en su opinión consultiva, declara ilegal la ocupación.
Por último, un embargo militar es una opción pragmática y acertada. Los Estados que no apliquen el embargo militar y sigan firmando contratos con empresas armamentísticas israelíes no serán compensados si los contratos quedan sin cumplir debido a la responsabilidad penal de las empresas armamentísticas israelíes y sus socios comerciales y a la incapacidad de las empresas israelíes para cumplir con sus obligaciones como resultado del creciente embargo militar y el debilitamiento de la economía israelí (especialmente en el sector tecnológico).
La obligación de aplicar un embargo militar recae ante todo sobre los Estados, pero las organizaciones regionales como la Unión Europea y la Organización de la Conferencia Islámica, así como las empresas y las instituciones académicas, deben poner fin a todos los vínculos militares, de seguridad y de doble uso con Israel y sus instituciones cómplices.
Seis acuerdos comerciales militares con Israel que están en vigor
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